mente protegidos, tales como la vida, la salud, la salubridad o el medio ambiente17. En su versión clásica, esta regulación tiende a la determinación de las condiciones de seguridad en estos campos –mediante reglamentaciones técnicas-, prevé las correspondientes sanciones en caso de su incumplimiento, y establece un sistema de controles preventivos, basados en las técnicas de autorización, inspección y control. Es, precisamente, la regulación de policía y sus técnicas clásicas las que se encuentran directamente afectadas –esto es, están siendo complementadas o sustituidas- por la regulación objeto de nuestra investigación –la regulación pública de la autorregulación-. La regulación pública de la autorregulación es una nueva forma de intervención indirecta que, bajo el ropaje de una retirada del Estado, esconde niveles de intervención históricamente desconocidos. Responden a esta técnica, por ejemplo: las recomendaciones y declaraciones generales, contenidas en normas jurídicas, de apoyo a la autorregulación; las reglamentaciones públicas que prevén el otorgamiento de subvenciones y ayudas económicas a la adopción de sistemas voluntarios de calidad; las normas voluntarias aprobadas por los poderes públicos que establecen criterios de calidad de los productos alimentarios o industriales; y el otorgamiento de certificaciones públicas de calidad que garantizan la conformidad de tales productos a los criterios previamente fijados. La regulación de la autorregulación haría referencia, en este caso, al fomento de la autorregulación por parte de los poderes públicos. Esta técnica, sin embargo, incluye también la regulación del contexto de la autorregulación, que supone, por un lado, el establecimiento de sistemas de control de la autorregulación y, por otro, la fijación legal o reglamentaria, entre otros, de: los fines