El panorama expuesto parece reclamar una revisión de la teoría general de las fuentes del Derecho Administrativo y, en particular, de la tipología de reglamentos con la que opera habitualmente la doctrina administrativista. Para empezar, deberíamos preguntarnos si todos los instrumentos jurídicos públicos a los que venimos calificando de “reglamentos” derivan del ejercicio de la potestad reglamentaria.