El esfuerzo realizado por la doctrina y por la jurisprudencia para fijar los principios aplicables al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, matizando, a su vez, la aplicación de tales principios a la potestad disciplinaria, está dando unos frutos admirables. Los frentes de debate abiertos en este ámbito son múltiples y no vamos a entrar aquí en este terreno. Introducimos solamente, como hemos hecho en los dos apartados anteriores, algunos elementos de reflexión que, de ser integrados en el mencionado debate, pueden también poner de manifiesto la necesidad de matizar algunas ideas, fuertemente arraigadas, que deberían ser revisadas a la luz de la transformación de los instrumentos de regulación de policía.

a) En concreto, de la Ley de la comunidad de Madrid 2/2001, de 18 de abril, por la que se constituye el Consejo Audiovisual, en su Disposición Adicional Primera, relativa a los organismos de autorregulación establece que: “En caso de que la Administración de la Comunidad de Madrid tuviera conocimiento de una posible infracción en la materia a la que se refiere esta Ley, respecto de la cual estuviese actuando un organismo voluntario de autodisciplina, podrá esperar a la resolución de éste antes de iniciar el procedimiento sancionador”.
b) Un detallado estudio en esta línea ha sido ya realizado por A. SEIDEL, Privater Sachverstand und staatliche Garantenstellung im Verwaltungsrecht, Verlag C.H. Beck, München, 2000.
c) Ha sido ya puesta