También es problemática la incardinación de los instrumentos declarativos de autorregulación a la categoría de los actos administrativos. Cuando una certificación técnica es emitida por un sujeto –un organismo de control-, que ejerce genuinas funciones públicas por delegación de la Administración existen fundadas razones para entender que dicha certificación es equiparable a un acto administrativo. Con mayor razón aún cuando se comprueba que estas entidades certifican la adecuación de productos e instalaciones a normas jurídicas; que el valor probatorio de estas certificaciones es perfectamente asimilable al que se predica de las actas públicas de inspección; y que la actuación de los organismos que las emiten puede ser revisada por la Administración mediante un recurso administrativo, calificado por la doctrina como una “alzada impropia”.

b) Instrumentos declarativos de autorregulación y actos administrativos.