Algunas consecuencias. La combinación de la atribución legal de funciones públicas y la exigencia de acreditación independiente para ejercerlas podría dar lugar a conflictos importantes, porque ambas legitimidades podrían llegar a estar en contradicción. Cabe poner el ejemplo de las agencias de evaluación de títulos oficiales de las universidades. Por un lado, el legislador diseña un modelo de evaluación compartida entre un organismo estatal (la ANECA, establecida con nombre y apellidos por el art. 32 LOU con el carácter de organismo público, aunque no tuvo esa condición desde su origen sino a partir de su transformación en 2014), y los órganos de evaluación que las CCAA determinen por ley, a los que el art. 31.3 LOU atribuye sus funciones públicas de evaluación de titulaciones universitarias (en términos que luego desarrolla el Real Decreto 1393/2007). Sin embargo, por otro lado, las reglas del EEES del que formamos parte imponen un régimen en el que lo decisivo es la acreditación de las propias agencias de evaluación (mediante ese modelo corporativo de evaluación por pares al que hacíamos referencia, en el que la clave es cumplir unos estándares internacionales de calidad, concretados en los criterios y directrices aprobados por la asociación ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education)).