¿Extensionismo versus sectorialismo? Otra de las preguntas desafiantes y globales que plantea la multiplicación de supuestos de ejercicio de funciones ordenadoras de autoridad y de colaboración por parte de sujetos privados es si la respuesta más adecuada que deben recibir pasa por extenderles el Derecho o régimen administrativo, o si resulta preferible admitir que cada una de esas realidades responde a una lógica diferente y novedosa, que debe sujetarse a sus propias pautas de configuración. Por influencia del Derecho de la Unión Europea, se aprecia una creciente sectorialización regulatoria, que podría afrontarse no forzando una extensión objetiva del Derecho administrativo, sino más bien reconociendo la formación de estos nuevos “espacios administrativos” [espacio transfronterizo o tierra de frontera en palabras de BARNES (2018 a)] caracterizados por la interacción de múltiples sujetos públicos y privados, que se rigen por una regulación de nuevo cuño, ajustada a su perfil híbrido y multipolar. En mi opinión, en realidad los dos enfoques no son tan diferentes. Primero, porque la extensión del Derecho administrativo no tiene un sentido estricto, de proyección de un régimen jurídico acabado y prestablecido. Al contrario, responde en sus tres proyecciones –y especialmente en la tercera- a una lógica adaptativa a la realidad sobre la que se proyecta, con diferentes niveles de intensidad, en la que lo importante es asegurar la protección y garantías que persigue el Derecho administrativo y no la mera “administrativización” de esas relaciones jurídicas. Y segundo, porque la óptica sectorialista, por muy pegada que esté a la respectiva ordenación y por muy innovadora que sea, siempre va a necesitar referencias generales que proporcionen criterio sobre los objetivos y garantías irrenunciables que se deben asegurar en cada supuesto.