La proximidad de los grupos y las corporaciones sociales con el Estado, hace que éste se vea invadido por una explosión de demandas de todo tipo en cuestión de salarios, de salud, de educación, de medio ambiente, o de asistencia económica a favor de las empresas, las asociaciones, o las colectividades territoriales. Por ello, el Estado, a pesar de mantener el monopolio jurídico del poder, está perdiendo su capacidad para incidir efectivamente en las relaciones sociales. El impacto de la regulación estatal es cada vez menor -a pesar de su proliferación- y ello es debido, en gran medida, a una pérdida de control, por parte de los poderes públicos, de la realidad que les envuelve.