Este nuevo orden de correlaciones no comporta, en ningún caso, una exoneración de la responsabilidad del Estado. Lo que ocurre es que la función de protección atribuida a éste se concentra en la utilización de aquellos instrumentos jurídicos que, en puridad, le corresponden. Corresponde al Estado, en concreto, definir las condiciones de responsabilidad de los particulares, definir las condiciones que deben cumplir para realizar ciertas funciones y garantizar en última instancia que la autorregulación y el autocontrol privado se desarrolle con las debidas garantías.