Se afirma, en términos generales, que el monopolio público de la televisión contradice abiertamente la libertad de expresión e impide el pluralismo El propio Tribunal Constitucional después de una inicial admisión indirecta de su constitucionalidad, mantenida en la STC 12/1982, de 31 de marzo, parece haber cambiado de opinión. En concreto, cuando el legislador se decidió a romper el monopolio de la gestión pública de la televisión, dando entrada gestión privada de la televisión por ondas de alcance nacional, mediante la técnica de la concesión, no dudó en afirmar que, a través de esta técnica “se impide un monopolio privado de los medios de comunicación social, no menos odioso desde la exclusión del mas, que lo que realmente se ha buscado a través de la reserva de la televisión a favor del Estado no ha sido otra cosa que impedir, primero, y restringir ampliamente, más tarde, el acceso de los particulares a la gestión de emisoras o canales de televisión”