Entre los deberes de los funcionarios respecto la sociedad, desataca la obligación de transparencia en la actuación de los poderes públicos. Dicha transparencia se ha visto mejorada en la nueva regulación de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas –que ha sido modificada parcialmente por la Ley 53/1999, de 29 de diciembre- y en la regulación del derecho a acceso de archivos y registros, contenida en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. También son destacables, en esta línea, algunas de las previsiones de la LOFAGE, donde, además de los principios tradicionales que rigen la actividad de los funcionarios al servicio del Estado, se añaden otros, como los relativos a la responsabilidad de la gestión, la racionalización y agilidad, el servicio efectivo y la ética. Completando estas previsiones, el proyecto de Estatuto Básico de la Función Pública, en su artículo 7, establece como valores éticos del servicio público: “la integridad, la neutralidad, la imparcialidad, la transparencia en la gestión, la receptividad, la responsabilidad profesional y el servicio a los ciudadanos”. Véase: Proyecto de Ley 121/000177 Estatuto Básico de la Función Pública. Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. VI Legislatura. Serie: A: 5 de julio de 1999. Núm 177-1 Proyectos de Ley. Este precepto no ha tenido buena acogida en el Dictámen del Consejo de Estado recaído sobre el Anteproyecto [Recopilación de Doctrina Legal, año 1998]. Con independencia del acierto en la relación de “valores éticos” que deben inspirar el comportamiento del personal al servicio de la Administración –dicho acierto es cuestionado por el Consejo de Estado-, este órgano consultivo no advierte la potencionalidad de este precepto, en su eventual relación con determinados instrumentos de autorregulación normativa -códigos de conducta-.