los ámbitos analizados hasta ahora se reproducen en este caso. En concreto, la necesidad de recurrir a la profesionalización de los funcionarios y de un hondo sentido ético (…), circunstancia que naturalmente implica una tipificación de las conductas sancionables más laxa que la establecida en los restantes derechos sancionadores”. En una línea parecida, aunque más respetuosa con el principio de tipicidad, puede verse la STC 219/1989, de 21 de diciembre en la que, una vez establecida, con carácter general, la admisión de conceptos jurídicos indeterminados para la tipificación de las infracciones administrativas señala, en su F. J. 5: “(…) que la remisión a los acuerdos de las juntas definidores de los deberes sociales, profesionales o legales relacionados con la profesión debe entenderse referida, muy especialmente a las normas deontológicas que dichas juntas puedan aprobar y se hallen vigentes en cada momento”. No podemos sino compartir las conclusiones de G. DELLIS y S. A. PAPPAS, en “Desde la mera disciplina hasta una verdadera deontología”, DA, n.º 241-242, 1995, p. 514: “Para alcanzar el objetivo de eficiencia y pasar de la disciplina a la deontología, es necesario considerar al empleado público y, sobre todo, al alto funcionario como un actor y no como un simple destinatario de órdenes. Para que esto sea posible, como parte de los cambios institucionales, es preciso que tanto el “creador del sistema”, es decir, el ejecutivo y el legislativo, como las personas “que hacen parte del sistema”, es decir, los empleados públicos, cambien de mentalidad y miren la Administración desde un ángulo diferente”. Autorregulación y complejidad ética en ámbitos dominados por la especialización técnica y profesional de apelar a su autorresponsabilidad está relacionado con un déficit de ejecución de la normativa que intenta evitar la existencia de conductas éticamente reprobables en el seno de la función pública y dice también relación con la complejidad ética que entraña la aplicación de la citada normativa. Estas dificultades explican, a su vez, el aumento de la corrupción y se encuentran relacionadas, entre otros fenómenos, con la influencia de la globalización y el desmantelamiento del Estado. A) Influencia del desmantelamiento del Estado en la función pública. El proceso de desmantelamiento de los Estados obliga a los funcionarios públicos a realizar idénticas tareas a las que tenían asignadas hasta ahora, en un contexto completamente distinto, caracterizado por la falta de recursos económicos y la privatización de las formas de gestión pública. No sólo se privatiza la forma y el régimen jurídico de organizaciones que tienen encomendada la materialización de funciones públicas, sino que se introducen también, en el seno de tales organizaciones, principios y técnicas propias del management, es decir, de la organización científica del trabajo propia del ámbito empresarial. La introducción de mayores espacios de discrecionalidad, la previsión legal de márgenes de actuación negociada y el crecimiento de la actividad informal, son algunos de los rasgos que describen el ambiente que rodea la función pública en la actualidad. La búsqueda de la eficiencia y de la eficacia a través de estos caminos, sin que se hayan introducido simultáneamente las medidas necesarias para que se produzca una transformación cultural en el seno de la Administración Pública, ha sido una fuente de nuevos problemas. Se ha puesto de manifiesto que este nuevo contexto de gestión, por un lado, no ha facilitado en nada el cumplimiento de los estándares de conducta propios sistema”, es decir, el ejecutivo y el legislativo, como las personas “que hacen parte del sistema”, es decir, los empleados públicos, cambien de mentalidad y miren la Administración desde un ángulo diferente”. La influencia del management se acentúa durante la década de los ochenta, al hilo de la difusión de las ideologías neoliberales y en la perspectiva de una reforma de la Administración que toma en consideración tanto una retracción del Estado (Estado mínimo) como una modernización administrativa de signo antiburocrático. Una sociedad que se encuentra en permanente transformación no puede aceptar una burocracia inercialmente vinculada a rutinas y procedimientos preestablecidos. Los ciudadanos reclaman respuestas personalizadas e inmediatas, y no la remisión a la normativa pertinente. Todo ello favorece una dinámica caracterizada por la defensa de una Administración gestionada como una empresa y con criterios de mercado. Algunas de estas ideas se encuentran reflejadas en el documento de trabajo elaborado por Ministerio de Administraciones Públicas, Reflexiones para la modernización de la Administración del Estado, MAP, INAP, BOE, Madrid, 1990. s”: Comité de Gestión Pública de la OCDE: La ética en el servicio público , MAP, INAP, BOE, Madrid, 1997, p. 22 [Tamb ién publicado como L’ètica en el servei público. Pràctica i temes actuals, OCDE, Escola d’Administració Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Barcelona, 1998]. Los mismos informes que prevén mayor flexibilidad en la gestión administrativa introducen, esta flexibilidad porque parten de la consideración del ciudadano como cliente, e intentan imponer, precisamente, una mayor transparencia en la gestión, que incluye la identificación de los funcionarios y el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos y los medios de comunicación. Sobre ello véase, AA.VV., Reflexiones para la modernización…, op. cit. Es inadecuada, como regla general, porque no se ha adaptado el sistema de oposición a las exigencias reales de las tareas que van a desarrollar los profesionales de la Administración en el ejercicio Autorregulación y complejidad ética en ámbitos dominados por la especialización técnica y profesional de apelar a su autorresponsabilidad está relacionado con un déficit de ejecución de la normativa que intenta evitar la existencia de conductas éticamente reprobables en el seno de la función pública y dice también relación con la complejidad ética que entraña la aplicación de la citada normativa. Estas dificultades explican, a su vez, el aumento de la corrupción y se encuentran relacionadas, entre otros fenómenos, con la influencia de la globalización y el desmantelamiento del Estado. A) Influencia del desmantelamiento del Estado en la función pública. El proceso de desmantelamiento de los Estados obliga a los funcionarios públicos a realizar idénticas tareas a las que tenían asignadas hasta ahora, en un contexto completamente distinto, caracterizado por la falta de recursos económicos y la privatización de las formas de gestión pública. No sólo se privatiza la forma y el régimen jurídico de organizaciones que tienen encomendada la materialización de funciones públicas, sino que se introducen también, en el seno de tales organizaciones, principios y técnicas propias del management, es decir, de la organización científica del trabajo propia del ámbito empresarial. La introducción de mayores espacios de discrecionalidad, la previsión legal de márgenes de actuación negociada y el crecimiento de la actividad informal, son algunos de los rasgos que describen el ambiente que rodea la función pública en la actualidad. La búsqueda de la eficiencia y de la eficacia a través de estos caminos, sin que se hayan introducido simultáneamente las medidas necesarias para que se produzca una transformación cultural en el seno de la Administración Pública, ha sido una fuente de nuevos problemas. Se ha puesto de manifiesto que este nuevo contexto de gestión, por un lado, no ha facilitado en nada el cumplimiento de los estándares de conducta propios sistema”, es decir, el ejecutivo y el legislativo, como las personas “que hacen parte del sistema”, es decir, los empleados públicos, cambien de mentalidad y miren la Administración desde un ángulo diferente”. La influencia del management se acentúa durante la década de los ochenta, al hilo de la difusión de las ideologías neoliberales y en la perspectiva de una reforma de la Administración que toma en consideración tanto una retracción del Estado (Estado mínimo) como una modernización administrativa de signo antiburocrático. Una sociedad que se encuentra en permanente transformación no puede aceptar una burocracia inercialmente vinculada a rutinas y procedimientos preestablecidos. Los ciudadanos reclaman respuestas personalizadas e inmediatas, y no la remisión a la normativa pertinente. Todo ello favorece una dinámica caracterizada por la defensa de una Administración gestionada como una empresa y con criterios de mercado. Algunas de estas ideas se encuentran reflejadas en el documento de trabajo elaborado por Ministerio de Administraciones Públicas, Reflexiones para la modernización de la Administración del Estado, MAP, INAP, BOE, Madrid, 1990. s”: Comité de Gestión Pública de la OCDE: La ética en el servicio público , MAP, INAP, BOE, Madrid, 1997, p. 22 [Tamb ién publicado como L’ètica en el servei público. Pràctica i temes actuals, OCDE, Escola d’Administració Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Barcelona, 1998]. Los mismos informes que prevén mayor flexibilidad en la gestión administrativa introducen, esta flexibilidad porque parten de la consideración del ciudadano como cliente, e intentan imponer, precisamente, una mayor transparencia en la gestión, que incluye la identificación de los funcionarios y el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos y los medios de comunicación. Sobre ello véase, AA.VV., Reflexiones para la modernización…, op. cit. Es inadecuada, como regla general, porque no se ha adaptado el sistema de oposición a las exigencias reales de las tareas que van a desarrollar los profesionales de la Administración en el ejercicio

A) Influencia del desmantelamiento del Estado en la función pública.