La regulación pública de la autorregulación es una nueva forma de intervención indirecta que, bajo el ropaje de una retirada del Estado, esconde niveles de intervención históricamente desconocidos. Responden a esta técnica, por ejemplo: las recomendaciones y declaraciones generales, contenidas en normas jurídicas, de apoyo a la autorregulación; las reglamentaciones públicas que prevén el otorgamiento de subvenciones y ayudas económicas a la adopción de sistemas voluntarios de calidad; las normas voluntarias aprobadas por los poderes públicos que establecen criterios de calidad de los productos alimentarios o industriales; y el otorgamiento de certificaciones públicas de calidad que garantizan la conformidad de tales productos a los criterios previamente fijados. La regulación de la autorregulación haría referencia, en este caso, al fomento de la autorregulación por parte de los poderes públicos.