¿Vulnera también dicho principio la desproporción o arbitrariedad que supone la imposición de dos sanciones por unos mismos hechos (esto es, la desproporción en la aplicación de la ley, frente a la anterior que es una desproporción de la ley)? El TC y buena parte de la doctrina conectaron desde bien temprano el non bis in idem con el derecho fundamental a la legalidad consagrado en el artículo 25 de la CE, consiguiendo con ello su más alta protección jurisdiccional (fundamentalmente la posibilidad de recurrir en amparo). El primero, desde su sentencia 2/1981, viene considerando que el principio non bis in idem, aunque no se encuentra recogido expresamente entre los derechos fundamentales, «va íntimamente unido a los principios de legalidad y tipicidad de las infracciones recogidos principalmente en el artículo 25» (31). En la reciente sentencia 177/1999 reitera esa misma conclusión, ofreciendo una argumentación —antes no explicitada— acerca de las razones de tal ubicación: «la exigencia de lex praevia y lex certa que impone el artículo 25.1 de la Constitución obedece, entre otros motivos, a la necesidad de garantizar a los ciudadanos un conocimiento anticipado del contenido de la reacción punitiva o sancionadora del Estado ante la eventual comisión de un hecho ilícito. Ese cometido garantista devendría inútil si ese mismo hecho, y por igual fundamento,