Capítulo I

Se acuña así la expresión “tercer sector” para identificar una realidad imprecisa, surgida en el seno de la sociedad, y caracterizada por su independencia tanto del Estado como del mercado. Este término alude en realidad a un conjunto de organizaciones de iniciativa privada (en muchos casos fundaciones y asociaciones de utilidad pública), normalmente sin ánimo de lucro, dirigidas a fines de solidaridad social. Los intereses generales perseguidos por este tipo de organizaciones son de lo más diverso. Destacan, sin embargo, las organizaciones que cubren los aspectos sociales más desatendidos por el Estado y las organizaciones de desarrollo y solidaridad que operan a nivel internacional.

B) Crisis del Estado Democrático y contractualización de las formas de actuación de los poderes públicos.

Mientras que los economistas neoliberales propugnan un Estado mínimo, y un retorno a la “autorregulación del mercado” y a la “autorregulación de la sociedad civil”, como solución a sus problemas de legitimación, desde la Ciencia política y desde el Derecho Administrativo se ofrecen soluciones alternativas, basadas en una modificación de las formas de actuación de los poderes públicos. A través de la afirmación de que el Estado es incapaz de liderar un proyecto de justicia social –crítica al argumento teleológico de legitimación- y de garantizar, al mismo tiempo, la libertad de los individuos –crítica al argumento funcional-, las tesis neoliberales sostienen la innecesariedad misma del Estado. Otras corrientes doctrinales ponen el acento, sin embargo, en la necesidad de transformar el significado y la estructuración del criterio democrático de legitimación. Se pone de relieve, así, que el argumento de la inclusión, en su versión representativa, no garantiza en absoluto la aceptación de los ciudadanos en el proceso de deliberación pública.

Sobre este tema pueden consultarse también: A. MADRID, “Algunos interrogantes sobre el fenómeno del voluntariado”, en AA.VV., En el límite de los derechos, EUB, Barcelona, 1996, pp. 243 y ss; J. MOLLEVÍ BORTOLÓ, Voluntariado y Servicios Sociales, Atelier, Barcelona, 2001; y G. RODRÍGUEZ CABRERO, y T. MONTSERRAT, Las entidades voluntarias en España, Ministerio de Asuntos Sociales, Madrid, 1996.
En el ámbito anglosajón, que fue el que vio nacer las primeras iniciativas de este tipo, el fenómeno se engloba bajo la denominación de como sector non profit. En el modelo continental europeo se utiliza más la expresión “tercer sector”. Con ello se hace referencia directamente a la división entre el “sector público” y el “sector privado”, con la intención de identificar una sector que es privado por su origen e iniciativa y público por su finalidad. También se alude a la misma realidad, en muchos casos, cuando se habla de “Organizaciones no Gubernamentales”, “sector de economía social”, “sector privado-social” o “tercer sistema”. Sobre este tema puede consultarse la obra colectiva, ¿Trabajo voluntario o participación? Elementos para una sociología del Tercer sector, (Coord. A. Jerez), Tecnos, Madrid.
B) Crisis del Estado Democrático y contractualización de las formas de actuación de los poderes públicos.
Mientras que los economistas neoliberales propugnan un Estado mínimo, y un retorno a la “autorregulación del mercado” y a la “autorregulación de la sociedad civil”, como solución a sus problemas de legitimación, desde la Ciencia política y desde el Derecho Administrativo se ofrecen soluciones alternativas, basadas en una modificación de las formas de actuación de los poderes públicos. A través de la afirmación de que el Estado es incapaz de liderar un proyecto de justicia social –crítica al argumento teleológico de legitimación- y de garantizar, al mismo tiempo, la libertad de los individuos –crítica al argumento funcional-, las tesis neoliberales sostienen la innecesariedad misma del Estado. Otras corrientes doctrinales ponen el acento, sin embargo, en la necesidad de transformar el significado y la estructuración del criterio democrático de legitimación. Se pone de relieve, así, que el argumento de la inclusión, en su versión representativa, no garantiza en absoluto la aceptación de los ciudadanos en el proceso de deliberación pública.