entre la organización empresarial, sus trabajadores, sus auditores, internos y externos, sus distribuidores y sus clientes, ofrecen la posibilidad de juridificar la autorregulación, transformando sus resultados en obligaciones concretas de carácter vinculante, para determinados miembros del subsistema o para todos ellos. La posibilidad de dotar de cobertura jurídica a la autorregulación empresarial permite también que ésta pueda ser exigida, en última instancia, por parte de los poderes públicos correspondientes. Capítulo II 1. Explicaciones a la transformación de las técnicas de regulación de policía. Para comprender cómo incide en la actuación de los poderes públicos la comprensión de esta realidad empresarial debe tenerse en cuenta el marco tradicional de las relaciones entre la Administración y las empresas, los fines de la intervención pública en la actividad empresarial y, destacadamente, los límites, técnicos, jurídicos y territoriales, a los que se enfrentan los poderes públicos en la materialización de tales fines. A) Limitaciones a la intervención estatal directa. La relación entre Administración y empresa, en su posición nuclear de las nociones de Estado y sociedad, respectivamente, ha venido arrastrando hasta nuestros días los presupuestos clásicos de separación entre ambas esferas. La libertad de empresa se ha erigido como una barrera de intervención del Estado, que ha impedido a éste atravesar el umbral de la puerta de cualquier organización empresarial. Esta barrera de separación, sin embargo, ha ido cediendo paulatinamente. La necesidad de garantizar la protección de la salud y la seguridad de las personas, la seguridad en el mercado, o, mucho más recientemente, la necesidad de proteger el medio ambiente, han justificado la existencia de regulaciones públicas y la instauración de una red, cada vez más tupida, de controles administrativos de carácter preventivo –autorizaciones e inspecciones- y de carácter represivo -sanciones administrativas-. En este sentido y de acuerdo con la formulación tradicional de las relaciones Estado-sociedad, han sido, como vemos, la noción de policía administrativa y las técnicas propias de la misma, las que han proporcionado el fundamento y el instrumentario necesarios para el desarrollo de la intervención pública en la actividad empresarial. A través de dichas técnicas se ha ido tejiendo un cerco alrededor de las empresas, y se ha venido restringiendo, cada vez más, su espacio de libertad. Estas restricciones, en la actualidad, se encuentran perfectamente justificadas y amparadas en el texto constitucional. El reconocimiento de la libertad de empresa no excluye, pues, la posibilidad de su ordenación por la Administración cuando ésta sea necesaria para garantizar otros derechos y libertades. La necesidad de compatibilizar diversos valores constitucionales con la libertad de empresa hace innecesario que, en la actualidad, deba recurrirse a otros títulos de legitimación, como la policía administrativa. Si la policía administrativa ya no es necesaria como título de intervención, en los términos expuestos, tampoco sus concretas técnicas son adecuadas a la protección de los nuevos valores que debe garantizar el Estado. Las técnicas de regulación de policía, a pesar de su legitimidad jurídica, están perdiendo credibilidad debido a la falta de capacidad técnica de los poderes públicos para enfrentarse a los riesgos generados por la actividad empresarial. La noción misma de riesgo es fundamental para comprender las dificultades a las que se enfrentan el legislador y la Administración en este ámbito. Sucintamente, podemos señalar tres rasgos propios de las técnicas de regulación de policía aplicadas