La posición de garante asumida por el Estado con relación a dichos bienes y ámbitos de protección, y como consecuencia de la mencionada redistribución de responsabilidades, permite que su intervención en la sociedad, esta vez indirecta, sea mucho más extensa e intensa de lo que haya sido nunca. Como hemos señalado, la autorregulación regulada no sólo se viene desarrollando en los ámbitos anteriormente intervenidos de forma directa por los poderes públicos. Se ha extendido también a parcelas de la actividad privada que nunca, hasta hoy, habían sido penetradas por el Derecho ni por sus estructuras de ejecución. El Derecho y la Administración no habían intervenido directamente en la determinación de los fines que deben cumplir las organizaciones empresariales –unos fines que entroncan hoy con la noción de “responsabilidad social de la empresa” y con una determinada concepción de la ética aplicada-, ni en las cuestiones relacionadas con el management empresarial. Tampoco había entrado a regular -por lo menos no con el grado de detalle que se considera necesario en la actualidad- las reglas técnicas aplicables a la elaboración de productos industriales, ni a definir las tecnologías que, aplicadas a una concreta instalación industrial, pueden minimizar los riesgos contra el medio ambiente. Las reglas técnicas y las reglas éticas aplicables al ejercicio de determinadas actividades profesionales y, más en concreto, de aquellas actividades relacionadas con el uso de nuevas tecnologías, tampoco habían sido objeto de regulación jurídica. Las limitaciones a la intervención directa del Estado en dichos ámbitos no sólo derivan de determinadas barreras jurídicas, sino también de las barreras de conocimiento alzadas por unas actividades caracterizadas por un elevado grado de tecnificación, por ser necesaria en ellas la aplicación de conocimientos científicos y/o por estar dominadas por la especialización que sólo poseen determinados profesionales.