Un problema aún pendiente: la tramitación previa de un procedimiento administrativo y la imposición anticipada de la sanción administrativa. Posibles soluciones Cuando la Administración contraviene el deber que tiene de paralizar (o no iniciar) un procedimiento sancionador sobre unos hechos que pueden ser constitutivos de delito y llega, incluso, a imponer una sanción administrativa, la solución no puede consistir, como apunta la STC 177/1999, en considerar válida la actuación administrativa e impedir la actuación posterior de la jurisdicción penal, ya que ésa sería la única forma de garantizar la prohibición de doble sanción.